Ser emprendedor en este país tiene un riesgo añadido al de otros
sistemas económicos. Si tenemos en cuenta que las grandes empresas se
han nutrido de mercados o innovaciones de otras -pocos afortunadas- que
fueron derribadas por las grandes, en mercados donde se impone la fuerza
del dinero y la del pedigüeño, que lo único que recibirá a cambio -no sera
ayuda- sino un frente en su contra. Por ello el mercado complejo español
debería pasar por un estudio riguroso de cual es el estado de la cuestión
psicosocial del emprendedor y como animar, motivar y protegerlo de los
buitres en caso de fracaso.
Para ello las normas o la defensa jurídica no serán suficiente. Se deberá
invertir en una cultura emprendedora pero bajo un matiz diferente y con componentes menos derribistas. La falta de seguridad jurídica que deja al
azar a cualquier empresario frente a sus deudores y jueces que desconocen
los mecanismos económicos que debe seguir una empresa.
Solo me gustaría poner como ejemplo una temática que afecta a tantos
españoles.
La batalla política contra la obligación legal de responder con todos los
bienes en caso de embargo hipotecario está en marcha. La inició Izquierda
Unida en la Asamblea de Madrid, que la semana pasada presentó una
proposición no de ley contra la actual legislación nacional, El guante lo
recogió el Grupo Popular en el parlamento regional, que sorprendentemente
respaldó la iniciativa de la coalición de izquierdas. Pero ahora ha sido la vicepresidenta económica quien ha puesto pie en pared. Salgado dejó ayer
bien claro que el Ejecutivo no tiene ningún interés en cambiar la norma, toda
vez que “son las entidades financieras las que exigen garantías”. El asunto, sin embargo, lejos de haberse cerrado tiene todavía mucho recorrido parlamentario. Según Gregorio Gordo, el diputado que defendió la proposición no de ley en la Asamblea de Madrid, Izquierda Unida volverá a plantear el asunto, aunque
esta vez ante el parlamento nacional. Pero ahora con el PP como aliado en
caso de que el Grupo Popular en el Congreso revalide la posición de los diputados
de Esperanza Aguirre. Lo que está en juego es extremadamente delicado para la banca, que cuenta con un blindaje legal en caso de que el propietario de una
vivienda no pague los recibos correspondientes. La Ley Hipotecaria establece
que la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones del deudor, y no alterará la responsabilidad personal ilimitada que establece el Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil?, pues ni más ni menos que “del cumplimiento
de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”, aclara la norma. Países anglosajones Quiere decir esto que el riesgo de depreciación de los activos inmobiliarios no corre a cargo de la entidad financiera que presta
el dinero, como sucede en los países anglosajones, sino del propietario, que
debe responder por la hipoteca con otros bienes ajenos a la vivienda, aunque
el valor del piso caiga en picado, como está sucediendo en algunas zonas del país.
Es decir, que el piso puede valer menos que la hipoteca. La situación es todavía
más paradójica si se tiene en cuenta que la mayoría de las compañías de tasación inmobiliaria pertenece a la banca, lo que puede provocar problemas de conflicto
de intereses. Lo curioso del asunto es que la Asamblea de Madrid aprobó una iniciativa legal sobre un asunto del que no tiene competencias –como es la
reforma de la Ley Hipotecaria y el Código Civil-, y de ahí la reacción de la
ministra Salgado, que en declaraciones recogidas por Europa Press recomendó
a Aguirre que “haga propuestas constructivas y también posibles”. La iniciativa
del parlamento regional insta a la modificación de cuantas normas sean precisas
“a fin de imposibilitar que consecuencia del impago el hipotecado deba responder
con todos los bienes presentes y futuros”, en caso de que el bien subastado no
cubra la cuantía del crédito. Por lo tanto, que en caso de desahucio y con la entrega
de la vivienda se cancele la hipoteca. Dicho en otras palabras, que la legislación española dé carta de naturaleza al llamado ‘efecto sonajero’, cuando alguien
que no puede pagar la hipoteca entrega las llaves de su casa al banco. Izquierda
Unida pretendía que la iniciativa tuviera carácter retroactivo, es decir que de
ella se pudieran beneficiar los actuales propietarios. Sin embargo, según
Gregorio Gordo, coordinador general de IU en Madrid, se podría aceptar
como “mal menor” que sólo afectara a los nuevos hipotecados. Según sus datos,
de cambiarse la noma se beneficiarían este año tan sólo en Madrid unas 76.000 familias que, previsiblemente, serán desahuciadas como consecuencia de
la crisis. Según los últimos datos del Banco de España, la tasa de dudosidad
de las hipotecas -la morosidad- se encuentra en el 2,4%, cuatro veces más
que en 2007.